Actualmente en Salta hay seis jóvenes detenidos y nueve demorados por las amenazas de disparos en escuelas y colegios de la provincia. Algunos ya tuvieron sentencias judiciales.
Por uno de los casos, el ocurrido en el colegio secundario Walter Adet, el fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic, imputó por el delito de intimidación pública – agravada por la participación de un menor – a tres estudiantes de 18, 19 y 17 años.
Una vez detenidos los jóvenes expresaron que se trata solamente de un “reto viral” aunque la fiscalía sostuvo que el grafiti constituyó un claro acto de amedrentamiento, con entidad suficiente para generar temor y alarma social, especialmente en un ámbito educativo.
En otro de los casos, el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías 3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, resolvió otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba para el adolescente implicado, pero si ordenó una serie de medidas.
Entre las obligaciones impuestas, el joven deberá realizar disculpas públicas dirigidas a las autoridades del establecimiento educativo en sus tres turnos de funcionamiento. Además, se dispuso una medida de carácter pedagógico que lo obliga a relatar ante sus compañeros de aula la experiencia vivida y las consecuencias de su tiempo de detención.